Noticia publicada en El Periódico de Catalunya
En poco más de un mes, la calle de Salvador Seguí, en L'Hospitalet, ha sufrido tres incendios en el interior de viviendas. Las malas condiciones en las que los propietarios de los pisos tienen las instalaciones parecen ser la causa común de los tres incidentes. El primero de ellos ocurrió en los bajos del número 9, donde vive María Isabel Auge, su hijo Daniel Cous, de 23 años, su nuera y su nieta de pocos meses. Un incendio repentino en el cuadro de la luz sorprendió a la familia, que pudo aplacar las llamas con mantas. «Si hubiese sido de noche o de madrugada, nos hubiéramos quemado como nuestros vecinos del otro bloque o tal vez no lo hubiésemos contado», dice Daniel en referencia al incendio que el Sábado Santo dejó ocho heridos, dos de ellos muy graves.
Daniel conocía a la mujer que vivía en el bajo donde comenzaron las llamas que alcanzaron todo el edificio. «Su piso estaba en mejores condiciones que este, pero se ve que la instalación eléctrica estaba fatal, igual que la nuestra», asegura Daniel. Sus padres alquilaron el inmueble como una pequeña tienda de barrio hace 23 años. Desde entonces viven allí, en unas condiciones insalubres. Ellos mismos han tenido que reparar la tubería de las aguas negras de todo el edificio después de que su casa se llenara de heces. Van remendando como pueden las humedades y a veces se desvelan cuando escuchan alguna rata que busca abrirse paso bajo las baldosas. «Ahora con los perros hay menos porque han matado muchas», explica.
El inmueble, que no cuenta con cédula de habitabilidad, fue asumido por la Generalitat después del fallecimiento de la antigua propietaria, que no tenía herederos. La Agència de l'Habitatge, la antigua Adigsa, asegura que probablemente nunca asuma el inmueble como vivienda y que la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat ha iniciado un proceso de desahucio porque los vecinos, tras protestar por las malas condiciones del bajo, se niegan a pagar el alquiler (unos 200 euros al mes). La Generalitat afirma que el lugar no es habitable, pero la familia dice que hace 23 años, la dueña permitió un uso como vivienda y, según afirma, así quedó reflejado en el contrato.
Sin piso protegido
Los inquilinos dicen haber acudido al ayuntamiento para pedir un piso protegido, pero ni siquiera han podido ser inscritos en el listado de solicitantes por no contar con los ingresos mínimos (el joven matrimonio está en paro y la madre cobra una pensión). Ahora, tras negarse a pagar los nuevos contadores individuales de agua (hasta ahora dividían una factura común entre todos los vecinos de la finca) y las últimas mensualidades, pueden perder la vivienda. «Hace 20 años vino Sanidad y dijo que el lugar no era habitable, pero ahora, viuda y con una pensión mínima, no tengo adónde ir», explica María Isabel, quien no sabe qué destino tendrá ni si finalmente le concederán un piso de emergencia. Eso sí: exige un alquiler adecuado a su reducida pensión.
